La realidad de los Sudacas en España

“Cárceles” exclusivas para inmigrantes sin papeles

Un nuevo informe denuncia el "sistema carcelario" en el que viven los inmigrantes internados en el CIE de Aluche, en Madrid

Internos y familiares hablan a través de un teléfono separados por una mampara de cristal

Mañana se celebra el Día Internacional del Migrante. Se han convocado manifestaciones en varias provincias españolas para denunciar “la vulneración de derechos que sufren los inmigrantes” en España. Las organizaciones que las convocan ponen dos ejemplos: las redadas, de las que ya hemos hablado más de una vez, y los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Interno del CIE de Aluche. Madrid (Mónica López/unapegatinacontraelcie.com)

Los CIE son los recintos (de carácter no penitenciario) donde encierran a los inmigrantes que van a ser expulsados a sus países. Si pasan 60 días internos, sin ser devueltos, son puestos en libertad. Hay muchas organizaciones que a través de informes basados en los testimonios de los internos, ya que a ellas no se les permite entrar, han denunciado las “deplorables condiciones” en las que se encuentran los CIE españoles, dependientes del Ministerio del Interior. Las principales quejas siempre están relacionadas con “los malos tratos, hacinamiento, la incomunicación y el aislamiento, el racismo en alguna de sus manifestaciones más abyectas, la indefensión legal y la precariedad de los mecanismos de supervisión desde el exterior”, como recoge Voces desde y contra los CIE. Para quien quiera oír, de octubre 2009. A estas denuncias, se han sumado instituciones como el Defensor del Pueblo, que en un informe del año pasado calificaba al CIE de Aluche (Madrid) como un auténtico ‘agujero negro‘, “con un sistema excesivamente estricto propio de un régimen típicamente penitenciario”; o el Parlamento Europeo, que ya en un informe en 2008 reconocía que las condiciones de detención de los centros españoles eran “innecesariamente severas”.

Hay que recordar que el motivo por el que las personas son internadas es una falta administrativa: no tener papeles, y no porque hayan cometido ningún delito. A pesar de ello, el tratamiento que reciben y la organización del recinto es como la de una cárcel: presencia policial, cámaras de vigilancia, revisión de los efectos personales (celda, ropa, comida, regalos…). La última de estas denuncias contra los CIE llega hoy de la organización Pueblos Unidos que ha elaborado un informe sobre el centro madrileño de Aluche en el que asegura que poco ha cambiado desde hace un año cuando colaboraron en otro informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.

(Campaña por el cierre de los CIE)

Como las organizaciones no tienen permiso para entrar, los miembros de Pueblos Unidos han acompañado a los familiares de los internos en sus visitas para conocer la situación que se vive en el interior de estas “cárceles encubiertas” desde enero a noviembre. Han visitado a más de 100 personas internadas del total de 5.000 personas que han pasado por las instalaciones en ese periodo. De ahí el nombre, 100 ventanas a 5.000 vidas truncadas. Según la organización, las principales quejas están relacionadas con:

• Castigos generalizados

“Los internos se quejan de que cuando algún o algunos internos provocan problemas, la reacción de la policía es adoptar medidas muy restrictivas contra la generalidad de los internos o del módulo donde se genera el conflicto, sin discriminar entre la minoría que había causado disturbios y los demás”, asegura el documento.

• Ingresos indiscriminados

Aseguran que muchas personas internas en el CIE lo son exclusivamente por estancia irregular, carecen de antecedentes, están debidamente documentadas con su pasaporte, tienen domicilio fijo, familia y pueden hacer frente a una eventual multa. El informe reclama que atendiendo al principio de proporcionalidad que recoge la ley, deberían ser penadas con una multa y no expulsadas.

• Régimen de visitas de familiares

Denuncian la falta de información a las familias cuando el interno es trasladado fuera del CIE, sea para su expulsión, puesta en libertad o para realizar otra gestión. “Los policías dicen que una vez que el interno sale del Centro ya no es competencia suya y no facilitan información a las familias sobre el paradero de su familiar ni sobre a quién o dónde preguntar, con la angustia, gratuita, que ello genera en los familiares”.

Las visitas duran veinte minutos y se realizan por turnos de diez. Sólo se les permite el contacto físico, un abrazo o un beso, al principio. Después cierran la mampara de cristal que separa a los familiares del interno y hablan a través de un teléfono. “Nos parece algo muy serio y un paso atrás en la línea de criminalizar la situación”, asegura la organización.

• Falta de información y de intérpretes

La desinformación, unido a la soledad, se acentúa entre dos grupos de personas internas. Por un lado, las que vienen de fuera de Madrid, que tienen mucho más difícil que les visite un familiar o su abogado y por otro, los extranjeros que no hablan castellano y que por lo tanto pueden comunicarse con la policía muy difícilmente, ya que en el CIE no hay intérpretes.

• Ausencia de un procedimiento eficaz para plantear quejas

El CIE casi no recibe quejas internas. “No existe un procedimiento claro, conocido por los internos y confiable en el sentido de que no se tomarán represalias sobre ellos. No saben que tiene derecho a quejarse ni confían en las consecuencias”.

• Atención médica deficiente

“En relación con aquellos internos que se encuentran enfermos y a quienes se les lleva medicinas, vemos con preocupación que con frecuencia son requisadas por la policía, quienes además incumplen los horarios de ingesta prescritos por los médicos. No hay atención médica especializada y en el caso de mujeres embarazadas, no se realiza ningún seguimiento de su embarazo durante el internamiento”.

Exterior del CETI. Hay instaladas cámaras de vigilancia por todo el recinto (Mónica López/unapegatinacontraelcie.com)

Pueblos Unidos asegura también que otro de los problemas es la falta de formación que tienen los agentes de policía que custodian el centro. “La policía del CIE debe recibir formación básica en el marco legal de extranjería. Actualmente, los policías del CIE desconocen los rudimentos del derecho de extranjería y muchos opinan que las personas internas son “criminales”. Asimismo, la excesiva rotación tampoco ayuda a que se cree un cuerpo sensibilizado y formado en el fenómeno migratorio y el marco legal que lo regula en España”. En este punto coinciden con lo que ya hace unos días criticaba el propio Sindicato Unificado de la Policía. “Los policías no están preparados para actuar como funcionarios de prisiones porque no han recibido formación específica para ello. Se les enseña a investigar o a perseguir pero no a tener a personas que han cometido una falta administrativa y tienen que estar 60 días encerrados, no han recibido formación y por lo tanto no saben lo que hacen”, aseguraba José Manuel Sánchez secretario general del SUP en una rueda de prensa en la que reclamó más formación en materia de derechos humanos para los policías.

A nivel general, otro de los temas pendientes en relación a estos centros es la elaboración de un Reglamento que los regule su funcionamiento y que permita la entrada de las ONG que atienden a los inmigrantes (hasta ahora sólo puede hacerlo Cruz Roja). Según la Ley de Extranjería aprobada hace un año, en mayo deberían haber entrado en vigor tanto el Reglamento de Extranjería como el de las normas de los CIE, pero el Gobierno ha pospuesto ambos hasta el primer trimestre de 2o1o.

Mañana las pancartas pedirán su cierre y el fin de las redadas en varias ciudades españolas.