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miércoles, 20 de agosto de 2014

LOS PAGOS BIEN ENTENDIDOS EMPIEZAN POR CASA

"Es una ley de pago, no un cambio de jurisdicción"

El ministro de Economía, Axel Kicillof, brindó una conferencia para dar más detalles sobre el proyecto que ayer envió el Poder Ejecutivo al Congreso. Subrayó que "el principal propósito de la ley es el pago soberano local ante las dificultades que presentó el sistema judicial norteamericano para realizar los cobros en New York" y pidió evitar confusiones al indicar que no se trata de "un cambio de jurisdicción y mucho menos de un cambio de jurisdicción compulsivo".

Luego de rechazar las calificaciones de "improvisación" o "cortina de humo" esbozadas por dirigentes de la oposición, el ministro aseguró que "los fundamentos de la ley han sido elaborados con afán explicativo y con antecedentes históricos, económicos y financieros".

El funcionario indicó que la decisión de enviar el proyecto al debate en el Congreso tiene que ver con "la envergadura del conflicto que ha planteado el sistema jurídico norteamericano para el cobro, no el pago, de los bonistas" e insistió en que el objetivo de la norma es que "la Argentina puede seguir pagando y los bonistas puedan seguir cobrando".

En ese sentido, el titular de la cartera de Economía renovó sus críticas contra el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagar a los holdouts títulos en default por encima de 1.330 millones de dólares e intereses, al calificarlo de "ciego, inexplicable, extravagante e injusto".

"Es de imposible cumplimiento, no es que la Argentina quiera evadir, pero nadie en el sistema norteamericano le ha dado cabida a los argumentos de la Argentina, con los que está de acuerdo todo el mundo", planteó el ministro.

El ministro volvió a ratificar la voluntad del país de pagar los servicios de deuda que vencen el mes próximo, y precisó que se trata de "200 millones de dólares, con reservas por 29.000, por lo que no hay default". Y agregó: "Hay un nuevo componente, si no se destraba el cobro en Nueva York, damos una alternativa de pago local, pero nadie se va a tener que tomar un avión y no vamos a tener una afluencia de turistas bonistas".

Kicillof recordó que "el incendio financierio" lo dejó en el país el defualt de 2001 y destacó que los bonos comprados por los fondos buitre fueron emitidos en 1994. "Son bonos heredados de la convertibilidad, que luego entraron al Megacanje, cuya máxima expresión fue la crisis de 2001", resumió.

 

EL GOBIERNO ENVIO AL CONGRESO UN PROYECTO DE LEY QUE BUSCA QUE LOS BONISTAS PUEDAN COBRAR

Nueva ingeniería para asegurar los pagos

La Presidenta anunció una iniciativa con tres puntos centrales: se reemplaza al Banco de Nueva York por Nación Fideicomisos como agente de pago, se ofrece un canje voluntario a los bonistas y se deposita a los buitres, que cobrarán si entran al canje.

 Por Cristian Carrillo

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para establecer a Buenos Aires como lugar de pago de los bonos reestructurados, para lo cual utilizará al Banco Nación como agente fiduciario, mientras que ofrecerá a los tenedores de esa deuda la opción de canjear sus papeles por similares bajo legislación local. También se conformará una cuenta fiduciaria del Nación consignada en el Banco Central para depositar los pagos a los holdouts, quienes podrán acceder a ese dinero si aceptan cambiar los bonos del default por los de la reestructuración de la deuda. Las iniciativas fueron comunicadas anoche por la presidenta Cristina Fernández en un mensaje emitido a través de la cadena nacional. “Argentina respetará los canjes de su deuda realizados en 2005 y 2010 y, bajo esos términos, propondrá ingresar a los tenedores de bonos que no aceptaron estas reestructuraciones”, señaló la jefa de Estado en un discurso en el cual la voz se le entrecortó más de una vez. Los cambios buscan salvaguardar el cobro de los tenedores que adhirieron a los canjes, cuyos servicios están siendo trabados por orden del juez de Nueva York Thomas Griesa. “Que nadie diga que la Argentina se niega a pagar. Lo que se niega el gobierno argentino es a ser extorsionado”, afirmó Cristina.

La mandataria comenzó su mensaje haciendo un repaso del proceso de fuerte endeudamiento del país a partir de 1976, la crisis que estalló en 2001 y las políticas desarrolladas desde 2003 para normalizar la situación con los acreedores. Estos esfuerzos se están viendo obstaculizados por el accionar de un grupo minoritario de fondos especulativos con anuencia de tribunales permeables a sus reclamos. En ese sentido, CFK enumeró los distintos intentos de los fondos buitre para embargar activos del país en el exterior. “Entablaron más de 900 causas judiciales y 80 intentos de embargo, los cuales fracasaron porque hay un reconocimiento de inmunidad soberana que forma parte del derecho internacional”, explicó la Presidenta. Uno de ellos, recordó, pretendió apropiarse de restos fósiles de dinosaurios que habían sido enviados a una muestra en Alemania, y que finalmente fueron “salvados” por la intervención del gobierno de ese país.

Esta situación dio un giro, a partir de la intervención de Griesa, quien convalidó una interpretación capciosa de una cláusula utilizada en el derecho entre privados para evitar discriminación entre acreedores, pero que no tiene sustento en materia de deuda soberana. “El juez Griesa inventó al servicio de los fondos buitre una extravagante interpretación de la cláusula pari passu. Al no poder embargar ni dinosaurios, ni fragatas, ni embajadas, embargó lo que no era de la Argentina: los fondos de los acreedores que habían ingresado al canje 2005-2010”, explicó. Para forzar un acatamiento del país a su sentencia, el juez ordenó que el pago que realizó la Argentina el 26 de junio de un bono reestructurado no llegue a sus propietarios (bonistas). El Gobierno y los tenedores apuntaron contra la responsabilidad del agente fiduciario, el Bank of New York Mellon (BoNY), por no transferir el dinero, cuyo acatamiento va en contra del contrato de fideicomiso entablado con el país.

Otra ventanilla

“Argentina cumplió, de acuerdo a los contratos que había firmado con los adherentes, y depositó en tiempo y forma en el banco de Nueva York la suma de 1150 millones de dólares. De ese total, 539 millones de dólares quedaron en una suerte de limbo jurídico: ni fueron embargados ni le fueron abonados a los acreedores”, detalló Cristina. La mandataria señaló que “Argentina tiene la vocación de defender la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, que involucra a quienes creyeron en la Argentina y que vienen cobrando en tiempo y forma”. “También queremos un acuerdo con el ciento por ciento de los acreedores, en forma justa, legal, equitativa y sustentable”, agregó, en referencia a la intención de mantener la oferta a los holdouts.

El proyecto de ley establece nuevas condiciones para asegurar el pago de la deuda, previendo que el 30 de septiembre próximo habrá un nuevo vencimiento de deuda (unos 190 millones de dólares de bonos PAR). En el proyecto elevado al Congreso se autoriza al Ministerio de Economía a adoptar las medidas necesarias para remover al BoNY como agente fiduciario y establecer a Nación Fideicomiso, entidad del Banco Nación presidida por Enrique Arceo, para que se paguen los títulos a los tenedores de deuda. “Hemos decidido una ley de pago soberano local de deuda externa de la República Argentina”, destacó Cristina. El cambio de agente fiduciario se sustenta en la “pública y notoria incapacidad de actuar del Bank of New York Mellon”, señala el proyecto remitido al Congreso. En los considerandos se deja expresa constancia de que la cláusula 5.9 del contrato de fideicomiso con el BoNY faculta el cambio de fiduciario. Por su parte, la designación del Nación no imposibilita que los tenedores puedan proponer a la Argentina otro agente. No obstante, un nuevo agente de pagos debe prever eventuales bloqueos de Griesa.

Recalculando

El proyecto establece además la creación de la cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Banco Central, cuyo objeto será mantener en fiducia (guarda) los fondos allí depositados y aplicarlos al pago de los servicios de deuda correspondientes a los canjes de 2005-2010. “Es muy importante la figura del fideicomiso, porque cuando alguien pone algo en una cuenta corriente común, puede sacarlo, moverlo, transferirlo. Pero cuando uno crea una cuenta de fideicomiso por ley, el único fin es el establecido por la ley. Ningún presidente podrá tocarlos porque son de nuestros acreedores (bonistas)”, resaltó Cristina. Los fondos destinados al pago serán distribuidos a través de las nuevas entidades que designe el Palacio de Hacienda o los tenedores de deuda reestructurada, situación que asegurará que ese dinero depositado para tal fin será de “libre disponibilidad” para los bonistas.

Con respecto al bloqueo de Griesa del servicio del bono Discount, se abre la posibilidad de que los tenedores de este papel opten en forma individual o colectiva por “un cambio en la legislación y jurisdicción aplicable a sus títulos”. Economía también resulta autorizada en la ley a instrumentar una nueva instancia de canje, bajo las mismas condiciones del trueque de 2005 y 2010, para quienes aún no ingresaron en la operación. “No solamente lo abrimos, sino que permitimos pagarles con los mismos bonos, No vamos a esperar que ese 7,6 por ciento venga a pedirnos el canje; vamos a depositar aun sin que se presenten al canje, para que estén a disposición cuando quieran cobrar sus títulos”, explicó Cristina.

En el artículo 9 del proyecto se establece la creación del fondo “Pago Soberano de Deuda Pendiente de Canje”. Se trata de una cuenta especial de Nación Fideicomisos en el Central, con el objetivo de mostrar la buena fe del país y su voluntad y capacidad de pago en condiciones equitativas. “Debemos ser esclavos de nuestros propios contratos, y también incluir en esta ley a esos que no entraron”, completó la mandataria.

 

martes, 19 de agosto de 2014

PRESENTACION EN FAVOR DE LA ARGENTINA ANTE LA CIDH POR EL LITIGIO CON LOS FONDOS BUITRE

La opción de los derechos humanos

La Fundación para el Desarrollo Latinoamericano pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que suspenda el fallo del juez Griesa contra la Argentina. El gobierno de Estados Unidos debería acatarla.

La Fundación para el Desarrollo Latinoamericano (FPDL) elevó ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una cautelar para que suspenda el fallo del juez de Nueva York Thomas Griesa contra la Argentina. Los letrados del organismo interdisciplinario interpusieron esa medida apelando al artículo 25 del reglamento de la comisión, el cual establece la posibilidad de suspensión de sentencias con el objetivo de proteger a personas “siempre que el beneficio o los beneficiarios puedan ser determinados o determinables, a través de su ubicación geográfica o su pertenencia o vínculo a un grupo, pueblo u organización”. La iniciativa surge a partir del reclamo que hizo en una entrevista a este diario Daniel Herrendorf, consultor de Naciones Unidas, quien había señalado que esa acción era más adecuada que una presentación ante el tribunal de La Haya.

La CIDH integra la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya carta principal fue ratificada por los Estados Unidos el 19 de junio de 1951, lo que implica que la instancia es pertinente.

Herrendorf había explicado que esta presentación ante la CIDH permitiría recomponer la cautelar de la sentencia de Griesa. Los técnicos de la fundación comenzaron a trabajar de inmediato en la idea y en la medianoche del domingo giraron el pedido a la comisión. “Mañana (por hoy) habrá una reunión con el abogado que trabaja con la fundación para este tipo de presentaciones y se espera un encuentro en breve con las autoridades de la comisión”, explicó a Página/12 el integrante de la FPDL Alejandro Alvarez, licenciado en Relaciones Internacionales, doctorando en Economía y docente de la Universidad de Buenos Aires. La presentación en Washington lleva la firma de los abogados Luisa Fernández Castañeda Quintana y Carlos Julio Vargas Velandia.

“La diferencia con el camino ante La Haya es que Estados Unidos ya había aceptado a la comisión para instancias internacionales. La CIDH tiene competencia para establecer una medida cautelar sobre la sentencia de la Justicia de Estados Unidos”, explicó el economista. Este pedido, tal como había señalado Herrendorf, podría haberlo iniciado el país, un organismo público, privado e incluso un particular. Según agregó el economista de la entidad interdisciplinaria, la Argentina “cuenta con grandes ventajas para presentarse ante esta comisión interamericana”, debido a que “muchas naciones e individuos con influencia en el mundo de la política y de la economía manifestaron sus diferencias en relación con la decisión del juez Griesa”. Ese escrito de 36 carillas hace especial hincapié en el perjuicio irreparable que ocasionaría un default.

“Para honrar sus obligaciones económicas y financieras internacionales e internas implementó durante los años 2005 y 2010 un proceso de reestructuración soberana de su deuda externa, logrando acuerdos de pagos con el 92,4 por ciento de sus acreedores, proceso que fue internacionalmente avalado por el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos, entre otros”, reseña la presentación, la cual establece que “el daño que se ocasione será irreparable con la posibilidad de la pérdida de vidas y atraso de un país por décadas”. Es por esto que el escrito solicita a la comisión que “se profieran medidas cautelares a favor de miles de víctimas, representadas en diversos grupos poblacionales”, y al gobierno de Estados Unidos que adopte las medidas necesarias para que no se ejecute la sentencia de Griesa.

El escrito detalla que el fallo en favor de fondos buitre, que obliga al país a pagarles 1330 millones de dólares por sus tenencias de bonos defaulteados en 2001, generará “una crisis de Estado sin precedentes, con la consecuente violación masiva y sistemática de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”. En cuanto a la competencia de este espacio, recuerda que las ofertas de canje de deuda en 2005 y 2010 no habrían sido posibles sin la “intervención necesaria de distintos órganos gubernamentales de los Estados Unidos, tales como la Securities and Exchange Commission (SEC)”. Esta comisión de valores estadounidense revisó las propuestas del canje y emitió en ambos casos sendas notificaciones de efectividad en el registro de los documentos, que habilitaron la operación.

Según el texto, los buitres se encuentran en posesión de aproximadamente un 1,6 por ciento del total de la deuda, aunque esas tenencias posibilitaron a NML (propiedad de Paul Singer) y a otros fondos buitre desplegar una estrategia de “acoso judicial” con epicentro en los Estados Unidos. La fundación estima que las consecuencias prácticas son el incremento de la tasa de interés o la falta de disponibilidad de determinadas líneas de crédito para financiar importaciones o fondear los proyectos de inversión que requiere el país, lo que dificultaría los planes de YPF y afectaría negativamente el crecimiento económico. “Ese cúmulo de situaciones llevaría al país a una devastadora desprotección del conjunto de derechos humanos del pueblo argentino”, concluye.