La trama política detrás de la tragedia de Villa Soldati
No hay que ser amante de las teorías conspirativas para descubrir la existencia de una intencionalidad política detrás de la aparente espontaneidad de los sangrientos episodios de Villa Soldati, que causaron cuatro muertes y decenas de heridos. Si quedaba alguna duda, quedó despejada al atardecer del viernes, mientras Cristina Fernández de Kirchner presidía en la Casa Rosada el acto central del Día Internacional de los Derechos Humanos, homenajeaba a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, aseguraba que la defensa de ningún patrimonio justificaba la pérdida de una sola vida y anunciaba la creación del Ministerio de Seguridad con Nilda Garré al frente. Como si la transmisión del acto por cadena nacional fuera una señal, en ese mismo momento las patotas mezcladas entre los habitantes de los monoblocks de Soldati lanzaron un feroz ataque –con palos, piedras y armas de fuego– contra quienes acampaban en las tierras del Parque Indoamericano. Algunos vecinos intentaron detenerlos; otros, exaltados, se sumaron a la violencia.
Pensar que semejante sincronización fue fruto de la casualidad es ingenuo. Basta rascar apenas la superficie de los hechos para descubrir la siniestra trama que motorizó los hechos y que apunta, cuando faltan días para el inicio de un año electoral, a poner en crisis el modelo de no represión de la protesta social que es una de las banderas del Gobierno Nacional, a limar la imagen positiva de la Presidenta –la más alta desde que asumió, hace exactamente tres años– y a la derechización del electorado, apelando a los recursos siempre fértiles de la xenofobia, la discriminación social y étnica, y la criminalización de la pobreza.
Una secuencia reveladora. Varias fuentes consultadas por Miradas al Sur y los testimonios coincidentes de dirigentes sociales de la Villa 20 y de muchos ocupantes del Parque señalaron que la toma fue impulsada la mañana del martes por punteros que responden al PRO, con la promesa de que se otorgarían títulos de las tierras para construir viviendas. El anuncio, fogoneado por el puntero macrista Miguel Angel Rodríguez, alias El Comandante, desató la febril ocupación de los terrenos por parte de los vecinos de la villa, quienes montaron carpas precarias y comenzaron a dividirlo en parcelas. Rodríguez, un hombre con antecedentes penales por estafa y ex funcionario de la Corporación del Sur, tiene intereses inmobiliarios en la zona. Logrado el primer movimiento, el Gobierno porteño solicitó el desalojo de los ocupantes a la jueza contravencional María Cristina Nazar.
El desalojo ordenado por la jueza devino en una brutal represión a cargo de las policías Metropolitana y Federal, con un saldo de dos muertos por heridas de balas de plomo y un número no determinado de heridos. El parque fue desalojado a sangre y fuego. Los testimonios recogidos por este cronista la mañana del miércoles sobre el puente que separa el Parque Indoamericano de la Villa 20 pueden resumirse de la siguiente manera: apenas desplegadas las fuerzas con una clara disposición represiva, uno de los jefes del operativo les anunció a los vecinos que tenía una orden judicial de desalojo y los conminó a irse. Los delegados de los ocupantes le pidieron que les mostrara la orden, pero el jefe policial se negó. Entonces le solicitaron que esperara unos minutos, para darle tiempo a la llegada de una abogada a quien habían convocado para que los representara. Pero, sin esperar, la policía comenzó una brutal represión con golpes, balas de goma y, según muchos testimonios, también de plomo. Los vecinos se dispersaron y se replegaron hacia la villa. “Cuando nos escapábamos, la Federal y la Metropolitana empezaron a tirar desde arriba del puente. Los de la Federal eran más y dirigían a los otros. Había uniformados con armas largas y también personas de civil que tiraban desde atrás de los uniformados. Nos tiraron con balas de plomo”, contaron los vecinos consultados.
El jueves y el viernes fueron días de marchas y contramarchas, con cambios de jueces, órdenes judiciales contradictorias y enfrentamientos.
La Federal. Néstor Kirchner echó, en 2004, a Gustavo Béliz como ministro del Interior, fue a raíz de que éste intentó justificar la represión policial. Desde entonces, en las protestas sociales, esa fuerza, concurre con chalecos naranja y desarmada. Grande fue la sorpresa de las autoridades del Gobierno cuando la guardia de infantería de la Federal participó en esta salvajada. Desde ese momento empezó a correr el reloj hacia el fin de las horas de Julio Alak al frente de la cartera de Seguridad.La Federal se retiró y los vecinos volvieron a ocupar los terrenos. Paralelamente, se hizo correr el rumor de que los ocupantes no se conformarían con la toma del Parque y que avanzarían para tomar los monoblocks de Soldati. Los vecinos, impulsados por los rumores, salieron a la calle y reclamaron represión. Al mismo tiempo, en conferencia de prensa, Mauricio Macri se despachaba con un discurso xenófobo y criminalizador contra los habitantes de la villa y los ocupantes del Parque. Fue su contribución pública para el desastre. Fertilizado de tal modo el terreno, la semilla de la violencia germinó con facilidad, impulsada por las patotas mezcladas entre los vecinos de los monoblocks. Se desató, entonces, una serie de ataques contra los ocupantes. Las cámaras de televisión mostraron el accionar de varios hombres armados entre los agresores. Como se informa en las siguientes páginas de Miradas al Sur, entre ellos se pudo identificar a barrabravas de Boca Juniors, de Huracán y de Nueva Chicago –sobre las cuales tiene influencia el legislador y puntero Cristian Ritondo, un duhaldista devenido PRO– y patoteros de Sutecba, el sindicato de los municipales porteños conducido por Amadeo Genta yPatricio Datarmini, de fuertes vínculos con el macrismo. Ritondo no es un personaje secundario de la trama: tiene fuertes vinculaciones con tres de las comisarías de la zona. El accionar de estas patotas repitió significativamente el modus operandi de los grupos de choque de los intendentes duhaldistas que espontáneamente comandaron la violencia y los saqueos en el Conurbano durante los días calientes de diciembre de 2001.
El jueves hubo una tercera víctima fatal; la noche del viernes, un cuarto muerto entre los ocupantes. Los heridos se contaron por decenas.
Nada nuevo bajo las sombras porteñas. El balbuceante discurso de Mauricio Macri fue repetido hasta el hartazgo por los medios de comunicación. Allí, el jefe de Gobierno porteño no sólo puso en blanco sobre negro que en su Buenos Aires ideal no tienen cabida ni los pobres ni los extranjeros sino que esbozó la Argentina que prometerá en su campaña presidencial: la de la represión, la exclusión social y la criminalización de la pobreza y la protesta. Una postura que sigue seduciendo a parte de la mediocre clase media porteña, alienada en el discurso de los grandes medios concentrados. Desde un derechismo duro –en su caso potenciado por la ignorancia y la estupidez–, el jefe del PRO repitió con confusa dicción la vieja fórmula de la Doctrina de la Seguridad Nacional: un enemigo externo (los inmigrantes bolivianos, paraguayos y peruanos, delincuentes y narcos todos ellos), que cuenta con aliados internos (los argentinos pobres de las villas, no porteños sino migrantes del interior la mayoría de ellos, otra suerte de extranjeros de su Buenos Aires), ataca la seguridad, la propiedad y el modo de vida civilizado de los porteños (los vecinos, la gente como uno). A esos enemigos, el Estado debe reprimirlos haciendo uso del monopolio de la fuerza y expulsarlos. No por casualidad, alguna vez Macri dijo que, a su juicio, el mejor intendente de la Ciudad había sido el brigadier Cacciatore, el milico de las topadoras.
La intención de Macri fue apuntar al corazón de la política no represiva del Gobierno Nacional, que viene siendo bombardeada con fuerza en los últimos tiempos. El eje seguridad-mano dura será uno de los temas claves de las campañas electorales que se avecinan. La muerte de Mariano Ferreyra a manos de una patota de barrabravas y matones de la Unión Ferroviaria y la criminal represión de los qom en Formosa forman parte de esta escalada contra una de las políticas más valiosas del oficialismo.
Esa vieja costumbre de matar. El comportamiento de la Policía Federal durante la represión del martes en Villa Soldati volvió a evidenciar que en la fuerza persisten nichos de raigambre autoritaria que no vacilan en reprimir brutalmente y apretar el gatillo a la primera oportunidad que se les presenta. Sobre todo contra los indefensos y los desposeídos. La rápida reacción del Ministerio de Justicia, que separó a los jefes del operativo del martes y a los policías que las cámaras de televisión mostraron golpeando salvajemente a los ocupantes del parque configuró una justa sanción a los autores materiales, pero no resuelve el fondo de la cuestión, que tiene que ver con la estructura y la conducción de la fuerza.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) viene bregando desde hace tiempo, junto con especialistas y otras organizaciones no gubernamentales, por una reestructuración que incluya la conducción de la fuerza. “Más allá de las responsabilidades penales y administrativas por las muertes y las lesiones graves producidas, existe una responsabilidad política que obliga a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que no se vuelvan a repetir situaciones similares. Es indispensable realizar una reforma estructural que garantice el gobierno civil de las fuerzas de seguridad. Sólo un liderazgo político eficiente sobre el sistema policial permitirá lograr un cambio en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización”, señalaron en un comunicado.
La creación del Ministerio de Seguridad, anunciada el viernes por la Presidenta, parece a primera vista un avance cualitativo hacia la solución del problema. Habrá que esperar las medidas que tome Nilda Garré cuando se haga cargo de la cartera, el miércoles próximo, para hacer los primeros análisis sobre el tema.
Una investigación a fondo de los hechos de Villa Soldati, que no sólo descubra y castigue a sus autores materiales sino que identifique a sus ideólogos y sus jefes políticos es una necesidad insoslayable de la democracia.
Mientras tanto, lo que queda en claro a las puertas del año electoral, es que la seguridad será uno de los caballitos de batalla de cierta oposición que mira con nostalgia el pasado. Allí también hay dos modelos en pugna: el de la seguridad social con inclusión frente al de la exclusión sostenida a fuerza de represión.
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