La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado de prensa el 15 de diciembre de 2010 manifestando su preocupación por las amenazas a la libertad de expresión contenidas en la nueva legislación aprobada por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que, según la CIDH, afectará “principalmente a los grupos disidentes y minoritarios que encuentran en Internet un espacio libre y democrático para la difusión de sus ideas”.
La CIDH, celosa a la hora de custodiar los privilegios de los oligopolios mediáticos de la región so pretexto de defender la libertad de expresión, se abstuvo de condenar ya no las amenazas en contra de ésta sino su brutal agresión y sofocación en el caso de Wikileaks. Allí están los principales gobiernos capitalistas de todo el mundo compitiendo para ver quién pone tras las rejas a Julian Assange e impide más eficazmente la difusión de sus hallazgos. ¿Cuál es el “pecado” de Wikileaks? Simplemente haber hecho transparente algunos –ni siquiera los más importantes– de los sórdidos tejes y manejes de la burguesía imperial y sus lugartenientes en distintos países. Nada que no supiéramos, o sospecháramos con mucho fundamento, como ahora queda plenamente corroborado. Claro: no se supone que tales designios y maniobras deban ser conocidas por el gran público que, como lo viene denunciando Noam Chomsky hace décadas, debe ser mantenido en la ignorancia o, peor aún, sometido a perversas campañas para embrutecerlo y estupidizarlo y, de ese modo, facilitar la labor de sus opresores. En una sociedad capitalista la libertad de expresión no debe llegar tan lejos que destruya la opacidad de sus mecanismos de explotación y dominación y ponga de manifiesto su esencia predatoria y destructora de sociedades, estados y naturaleza. Quien tenga la osadía de cruzar esa barrera o infringir esta silenciosa premisa de la “libertad de prensa” burguesa debe sufrir un ejemplar escarmiento.
Por eso, ante esta campaña mundial de cercenamiento de la libertad de expresión la CIDH eleva beatíficamente sus ojos al cielo, tapa sus oídos y cierra su boca. Porque una cosa es condenar a Chávez por sus supuestas amenazas e “intenciones” de recortar la libertad de expresión y otra, muy distinta, denunciar los ataques concretos –no las amenazas– realizados con obsceno cinismo por los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Suecia, o el ilegal (e ilegítimo) bloqueo de las cuentas y sitios web de Wikileaks, o la persecución de Julian Assange y las calumnias y fabulaciones inventadas para asesinar mediáticamente al molesto personaje. ¿Se imaginan lo que diría la CIDH si Chávez cometiera alguna de estas tropelías? ¿O los torrentes de tinta que la “prensa independiente” (¿independiente de quiénes, o de qué?) de las Américas utilizaría para fulminar al gobierno bolivariano por un ataque a la libertad de expresión como el que está sufriendo Wikileaks? ¿O el alboroto que armarían el inefable Mario Vargas Llosa y sus compinches si algún periodista o dueño de medios en Venezuela fuese sometido a la persecución que hoy padece Assange? Este es el verdadero escándalo de Wikileaks: no la revelación de los cables del Departamento de Estado sino el obsceno doble rasero de la CIDH y de los autoproclamados defensores del “periodismo independiente”, los irresponsables, arrogantes y despóticos poderes mediáticos que no encuentran en la cacería informática (y policial) desatada en contra de Assange y Wikileaks amenaza alguna a la libre y democrática difusión de las ideas en el supuestamente libérrimo universo de la Internet.
* Politólogo. Director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED).
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