Veronica Smink
BBC Mundo, Argentina
Los grupos antitumultos sólo podrán llevar cascos, escudos, bastones y gas pimienta.
La decisión de la ministra de Seguridad de Argentina, Nilda Garré, de prohibir que las fuerzas de seguridad utilicen armas de fuego, balas de goma y lanzagases para contener disturbios sociales desató una fuerte polémica en el país.
Diversos representantes de la oposición fustigaron el anuncio, afirmando que la orden deja "indefensos" a los efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería que acudan a garantizar el orden público durante una protesta.
Los grupos antitumultos sólo podrán llevar cascos, escudos, bastones y gas pimienta, y serán supervisados por un civil nombrado por el ministerio de Seguridad.
De esta forma, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner quiere garantizar que no existan casos de represión de las fuerzas públicas contra los manifestantes.
La medida fue adoptada días después de una controvertida intervención policial en el desalojo del parque Indoamericano, un espacio público en el barrio porteño de Villa Soldati, en el que murieron tres de los presuntos ocupantes ilegales.
El anuncio también coincidió con la conmemoración en Argentina de la muerte de decenas de manifestantes durante las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, que antecedieron la caída del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001).
"No criminalizar"
Según el gobierno, la política de seguridad no es nueva. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, recordó a los medios locales que en la práctica, los efectivos antidisturbios no portan armas desde 2004.
En países como Gran Bretaña, Corea del Sur y Japón las fuerzas que deben controlar los disturbios callejeros tampoco portan armas de fuego
León Arslanián, ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires
Tanto el entonces presidente, Néstor Kirchner (2003-2007), como su esposa y sucesora han mantenido la doctrina de "no criminalizar la protesta social".
No obstante, algunos opositores, como el peronista Eduardo Duhalde, consideraron que "hacer ostentación" del hecho de que las fuerzas de seguridad no están armadas puede ser aprovechado por criminales.
"Es un Estado ausente", consideró Duhalde.
Sin embargo, otros rescataron que Argentina no es el único país del mundo que no permite que su policía antimotines esté armada.
El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián, dijo a BBC Mundo que en países como Gran Bretaña, Corea del Sur y Japón las fuerzas que deben controlar los disturbios callejeros tampoco portan armas de fuego.
Visto bueno
Según Arslanián, no es necesario que las fuerzas antimotines tengan armas de fuego para garantizar el orden público.
"El éxito del operativo tiene que ver con las técnicas de intervención que se utilicen", afirmó.
Para el ex funcionario, tal como ocurre en muchos países desarrollados, sólo los cuerpos armados especializados tendrían que estar autorizados a portar armas, y deberían ser llamados a la acción únicamente de ser necesario.
"Racionar la fuerza no significa renunciar al uso de la fuerza", aclaró.
Algunos señalan que la policía quedaría indefensa durante disturbios violentos.
Según el plan contemplado por las autoridades nacionales, en las cercanías de los lugares donde se lleven a cabo las manifestaciones sociales habrá un grupo policial con armas reglamentarias para intervenir en caso de necesidad.
¿La policía en riesgo?
No obstante, para el experto en seguridad Luis Vicat, ex comisario de la Policía Bonaerense, que exista una "segunda línea" de protección armada no es suficiente para garantizar la seguridad de los policías que participarán en las tareas de contención.
Vicat dijo a BBC Mundo que -a diferencia de otras fuerzas antimotines internacionales, como la británica- los efectivos argentinos no contarán con otras armas, como las pistolas eléctricas, que los pueden ayudar a controlar comportamientos violentos.
Según el experto, las fuerzas argentinas tampoco cuentan con el personal suficiente como para garantizar la superioridad numérica a la hora de enfrentar a manifestantes cuerpo a cuerpo, y el uso de armas de fuego en protestas es mucho más común en Argentina que en los países desarrollados.
Lo que más pone en riesgo a los efectivos locales, para Vicat , es "la pérdida del factor disuasivo".
"El temor al uso de la fuerza es como una barrera psicológica que disuade a quienes quieren cometer abusos. Esta medida es como enviar a policías disfrazados, en vez de uniformados", opinó.
Respaldo policial
A pesar de los reparos, la Policía Federal apoyó la nueva disposición anunciada por el gobierno.
El temor al uso de la fuerza es como una barrera psicológica que disuade a quienes quieren cometer abusos. Esta medida es como enviar a policías disfrazados, en vez de uniformados
Luis Vicat, ex comisario de la Policía Bonaerense
El portavoz de la institución –cuya cúpula fue cambiada por Garré la semana última, tras la creación del nuevo ministerio, que encabeza- dijo que la orden permitirá disipar dudas respecto a la responsabilidad de su fuerza en los hechos de represión.
Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde 2004 nueve personas han muerto en manifestaciones sociales a manos de las fuerzas de seguridad.
La vocera de la organización, María del Carmen Verdú, destacó a BBC Mundo que durante ese período –en el cual supuestamente las fuerzas antimotines iban desarmadas- no hubo casos de efectivos muertos en protestas callejeras.
El debate en torno a la política de seguridad también dividió a la opinión pública, en el marco de la creciente ocupación de terrenos privados y de tomas de calles –o piquetes-.
"Me parece que puede ser buena la intención para evitar descontrol e incidentes en las manifestaciones, pero a la vez se reduce mucho la sensación de peligro para los manifestantes más violentos y entonces se sienten un poco más libres y más descontrolados", señaló Julián Rodríguez, de 23 años.
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