Julio C. Gambina (ALAI)
La realización de la cumbre iberoamericana en Mar del Plata (en estos días)
nos permite pasar revista a la situación de los países involucrados y
analizar las diferentes posibilidades que se presentan para el desarrollo.
Por un lado tenemos a los miembros de la península ibérica, no solo
atravesando una profunda crisis, sino en preciso tiempo de violento ajuste
que sufren los trabajadores y sectores populares, los más vulnerables al
momento de describir el impacto de la crisis.
Tanto España como Portugal están identificados como próximo destino de una
crisis que en Europa transitó el camino del ajuste en el "este" (ex países
socialistas), en Grecia e Irlanda; como contra parte de una crisis de la
banca francesa y alemana, los acreedores de una cuantiosa deuda pública que
intenta superar la crisis fiscal de los Estados de la vieja Europa.
La etapa europea es la del desmantelamiento de lo que queda del Estado del
Bienestar. Ahora se conoce en carne propia la situación de malestar que hace
años transita el sur del mundo.
Esa crisis europea y su ajuste explican el discurso de los gobernantes de la
península ibérica a favor de la liberalización de la economía y
especialmente de la suscripción del acuerdo de libre comercio entre Europa y
América Latina, especialmente con los países del Mercosur.
Es que las empresas españolas (y otras europeas) han invadido con sus
inversiones el mercado regional y desde estos territorios surgen ganancias
que equilibran las dificultades de esas mismas empresas con explotaciones en
territorio europeo. Las ganancias producidas en Latinoamérica los empujan a
demandar de la región nuevos resguardos a la "seguridad jurídica" de esas
empresas y por eso buscan avanzar en tratados de libre comercio.
Por otro lado, la situación de la región latinoamericana es distinta a la
europea, especialmente cuando se miran las cuentas macroeconómicas, que
hace sugerir a algunos la lejanía de la crisis mundial. Son los que omiten
el carácter transnacional del poder económico en la región y por eso, junto
a los datos del crecimiento económico es necesario identificar a los
beneficiarios de esa evolución económica, tanto como a la mayoría popular
perjudicada.
Así se puede verificar que junto a la continuidad de las fabulosas ganancias
de los sectores más concentrados de la economía regional, mayoritariamente
asociados al carácter primario exportador que asumió el modelo de desarrollo
en nuestros países, se convive con una realidad de insuficiencias donde la
cruda realidad de Haití devuelve la cara más cruel del atraso y la miseria
regional. Puede constatarse que Haití es proporcionalmente uno de los países
de mayor emigración de profesionales, precisamente cuando la catástrofe
local demanda de médicos y otros profesionales para atender imperiosas
necesidades humanitarias. La región exporta recursos naturales y
potencialidad humana, verificando la subsunción del trabajo, la naturaleza y
la sociedad en el capital.
Pero curiosamente, desde la pobreza e indigencia regional surgen algunas
decisiones que sirven para pensar en términos alternativos. Cuando desde los
organismos internacionales se pregonan e impulsan modificaciones regresivas
de los sistemas previsionales, desde Bolivia se asume un cambio en el
régimen jubilatorio que tiene en cuenta la reducción de la edad de las
jubilaciones, especialmente para trabajos insalubres, tal el caso de la
minería. Ello pone en evidencia que no se trata solo de considerar la
sustentabilidad económica del régimen jubilatorio en sí mismo, sino de
generar las condiciones de solidaridad social del conjunto de la economía
nacional para asegurar asignaciones previsionales para la totalidad de la
población pasiva.
Es también el ejemplo ecuatoriano que en estos días "denunció" los tratados
bilaterales de inversión (TBI) que otorgan seguridad jurídica a los
inversores internacionales y que fueron negociados en recientes tiempos de
ofensiva neoliberal del régimen del capital. Siendo Argentina el país que
más tratados suscribió en los 90´, debiera observar con atención el ejemplo
de las autoridades del Ecuador e imitar la decisión. Ello podría inducir una
actitud regional de demolición de la institucionalidad neoliberal construida
en la última década del Siglo XX.
Es el preámbulo necesario para el desarrollo de una nueva institucionalidad,
lo que supone un cambio en el modelo de desarrollo, a contramano del libre
comercio empujado por los transnacionales y los Estados. Es lo que faltó en
la lucha contra el ALCA. La resistencia al libre comercio manifestada en la
cumbre popular del 2005 en Mar del Plata, convergente con el accionar de los
gobiernos del Mercosur y Venezuela, obturaron la posibilidad de discutir el
ALCA. Fue un gran éxito y dejó una asignatura pendiente en la construcción
de una nueva institucionalidad regional para el desarrollo soberano.
Ni ALCA, ni otros tratados de libre comercio es lo que necesita la región,
ni con EEUU, ni con Europa, sino mecanismos nacionales de transformación de
los modelos de desarrollo, con otros beneficiarios de la política económica
y una articulación regional que suponga una integración para fortalecer la
soberanía alimentaria, energética y financiera.
Chapadmalal, 5 de diciembre de 2010
- Julio C. Gambina es Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales
y Políticas, FISYP. www.juliogambina.blogspot.com
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